La variedad de instrumentos y tecnologías de lo que se ha denominado como “administración electrónica”, han evolucionado de forma vertiginosa en los últimos años. Si bien se comenzaron utilizando de forma tímida en sus orígenes, debido al alto coste de las inversiones y a la gestión del cambio precisa para su implantación, la puesta en marcha de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, supuso un espaldarazo enérgico y firme a este nuevo paradigma. Actualmente y ya a escala mundial, se utilizan de una forma sin precedentes, y muy particularmente como un medio para apoyar políticas que mitiguen y hagan frente a los efectos de la crisis económica mundial.
La Unión Europea considera como Administración Electrónica “el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las Administraciones Públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas”.