El pasado 16 de julio de 2013 se publicó en el BOCG el Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, aprobado anteriormente por el Congreso de los Diputados.
En la lucha contra la morosidad de las Administraciones, se establece así un modelo único de factura electrónica, al que deberán adaptarse tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas para el pago a sus proveedores.
Además, se creará un único registro contable que dará entrada a estas facturas electrónicas, en las que deberán registrarse todos los pagos, excepto los inferiores a cinco mil euros.
Los proveedores estarán ahora más protegidos en sus relaciones comerciales con las Administraciones Públicas, ya que a partir de ahora sus facturas estarán presentadas en un registro administrativo, dejando constancia de fecha a efectos del devengo de intereses en caso de retrasos en el pago.
A su vez, las Administraciones tendrán un mayor control contable de las facturas, lo que permitirá un mejor cumplimiento de los plazos de pago de facturas.
Todas las facturas tendrán un formato estructurado y estarán firmadas electrónicamente. A partir del 15 de enero de 2015, la factura electrónica será obligatoria para los sujetos que estén obligados a tributación electrónica de acuerdo con la normativa tributaria. No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente las facturas con importe inferior a cinco mil euros de esta obligación de facturación electrónica.
Se impulsa así el uso de la factura electrónica en el sector público y privado, lo que generará ganancias de eficiencia a las empresas y reducirá cargas administrativas.
Puede ver el en el siguiente enlace el Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
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